Una trabajadora de una sucursal bancaria de sa Pobla ha sido condenada a un año y tres meses de prisión por apropiarse de 300.000 euros de ocho clientes. La mujer, que ha reconocido los hechos, no ingresará en la cárcel al haber devuelto el dinero.
La Audiencia de Palma ha dictado sentencia este martes contra una empleada de banca de 54 años que, durante años, fue vaciando las cuentas de sus propios clientes en la sucursal de sa Pobla. La acusada se ha declarado culpable de un delito de apropiación indebida agravada en concurso con otro de falsedad documental, y ha aceptado una pena de un año y tres meses de prisión.
El tribunal ha tenido en cuenta que la mujer ha devuelto la totalidad del dinero sustraído —300.000 euros— a la entidad bancaria, que ya había indemnizado a los afectados. Además, ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el caso ha tardado más de una década en llegar a juicio. Como consecuencia, la condenada no ingresará en prisión siempre que no reincida en los próximos dos años.
Ocho víctimas y un modus operandi sistemático
Según la calificación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a 2014, cuando la entidad detectó irregularidades en una auditoría interna. La empleada, que trabajaba en la oficina de sa Pobla, aprovechó su puesto para realizar disposiciones en efectivo y transferencias a sus propias cuentas desde los terminales de la sucursal. Para ello, falsificaba la firma de los clientes y, en algunos casos, los daba de baja del servicio de banca telefónica y online para que no pudieran detectar los movimientos.
La investigación reveló que la acusada comenzó con pequeñas cantidades —entre 800 y 1.000 euros— pero con el tiempo fue incrementando el importe de las operaciones, llegando a realizar una de 8.590 euros. En total, ocho clientes resultaron afectados, aunque la principal perjudicada fue una mujer que perdió cerca de 150.000 euros a lo largo de 72 operaciones en cuatro años. En otros casos, las cantidades superaron los 50.000 euros.
El banco descubrió el fraude en una auditoría interna
La trama salió a la luz cuando la propia entidad bancaria, durante una revisión rutinaria, detectó movimientos sospechosos en varias cuentas. Fue entonces cuando presentó una denuncia en el juzgado de Instrucción de Inca, que abrió una investigación que se ha prolongado durante más de diez años. La acusada, que utilizaba su propio ordenador y su clave de acceso para realizar las operaciones, también aprovechaba las ausencias de sus compañeros para usar sus terminales y dificultar así la detección.
Para los vecinos de sa Pobla, este caso supone un aldabonazo sobre la confianza depositada en las entidades financieras. La sucursal afectada, situada en pleno centro de la localidad, ha sido escenario de un fraude que ha durado años sin que los clientes se percataran. La condena, aunque evita la cárcel, deja claro que el sistema de control interno del banco funcionó, aunque tarde.
Un precedente que invita a la prudencia
El caso recuerda la importancia de revisar periódicamente los movimientos bancarios. Aunque la entidad ha cubierto las pérdidas, los afectados han vivido una década de incertidumbre judicial. La acusada, por su parte, se enfrenta ahora a una multa de 540 euros y la obligación de no delinquir en los próximos dos años para evitar el ingreso en prisión. La vista oral, que se ha celebrado en la Audiencia de Palma, ha durado apenas unos minutos, ya que la defensa y la fiscalía alcanzaron un acuerdo de conformidad.
¿Por qué la condenada no ingresa en prisión?
Porque ha devuelto todo el dinero robado y se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, al haber tardado más de diez años el juicio.
¿Cuánto dinero robó la empleada de banca de sa Pobla?
Se apropió de 300.000 euros de ocho clientes de la sucursal donde trabajaba.
¿Qué delitos ha cometido la acusada?
Ha sido condenada por un delito de apropiación indebida agravada en concurso con otro de falsedad en documento mercantil.
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