Un grupo de activistas ha denunciado ante la Guardia Civil un presunto caso de maltrato animal crónico en una finca de Santa Margalida. Los animales, entre ellos perros, cabras y aves, carecerían de agua, alimento e higiene.
Los activistas alertaron el pasado lunes a la Guardia Civil tras escuchar ladridos y chillidos continuos y escalofriantes procedentes de la finca. Agentes del instituto armado se personaron en el lugar e inspeccionaron las instalaciones, aunque no retiraron a los animales. Según los denunciantes, el propietario es conocido desde hace años por las autoridades y las sanciones previas no han servido para corregir la situación.
Animales en condiciones deplorables
En la finca viven perros, aves, conejos, cabras y otros animales en espacios reducidos, con escasez de agua y alimento y una acumulación importante de excrementos. Los activistas describen un gallo con las patas rotas encerrado, cabras inmovilizadas y pequeños animales en jaulas de tamaño muy reducido. La falta de higiene podría suponer un riesgo sanitario para la zona.
El propietario, según los denunciantes,
"no muestra ningún tipo de conciencia sobre el daño que está haciendo y, en cambio, insiste en que su manera de tener los animales es totalmente adecuada". Los activistas reclaman el decomiso urgente de los animales y una prohibición de por vida para que el responsable no pueda tener más animales.
Intervención policial y reclamaciones
La Guardia Civil inspeccionó la finca el lunes y trasladará las actuaciones al Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza. Sin embargo, los animales no fueron retirados, lo que ha generado malestar entre los denunciantes.
"Las multas pequeñas no hacen ningún efecto. Ahora hace falta una prohibición inmediata y de por vida para tener animales, a fin de acabar, de una vez por todas, con el sufrimiento de los animales durante tantos años", afirman en su comunicado.
Los vecinos de Santa Margalida, una localidad de la comarca de Llevant i Migjorn, siguen con atención el caso. La finca se encuentra en una zona rural, y los activistas temen que la situación se repita si no se toman medidas contundentes. De momento, el caso está en manos de la Guardia Civil y el Seprona, que deberán determinar si hay delito y proceder a la retirada de los animales.
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