La formación mallorquinista registra una batería de preguntas en el Congreso sobre la actuación policial del 26-J, que se saldó con heridos y un detenido.
La protesta contra la masificación turística del pasado 26 de junio en Palma ha llegado al Congreso de los Diputados. Coalició per Mallorca, a través de la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para esclarecer los detalles del operativo policial que incluyó el uso de proyectiles de goma en el casco urbano de la capital balear.
El documento oficial presentado en la Cámara Baja cuestiona varios aspectos clave de la intervención de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Entre otras cosas, la iniciativa pregunta si se dejaron vías de escape libres para los manifestantes, quién autorizó el empleo de material antidisturbios y si hubo fallos de coordinación entre los agentes desplegados.
El coordinador general de Coalició per Mallorca, Joan Serra, ha subrayado la necesidad de que el Gobierno rinda cuentas. "Es ineludible exigir que se aclare el papel exacto del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, y si la orden de cargar partió de la cadena de mando policial o contó con el beneplácito de la Delegación", ha señalado Serra.
"Resulta ineludible exigir que el Gobierno rinda cuentas y aclare el papel exacto del delegado del Gobierno"
El uso de proyectiles de goma en una movilización ciudadana en Mallorca es un hecho prácticamente inédito, lo que ha elevado la tensión política. La Delegación del Gobierno, en manos del PSOE, ha calificado la actuación de "desmedida" tras haber pedido contención. Por el contrario, PP y Vox han respaldado la firmeza policial y critican al delegado, mientras que las fuerzas insularistas consideran inaceptable que Rodríguez intente eludir su responsabilidad.
Una de las grandes incógnitas es si la orden de cargar partió de forma autónoma de la cadena de mando policial sobre el terreno o si fue autorizada por la Delegación del Gobierno. Las formaciones críticas advierten de que, si las cargas se ejecutaron al margen del criterio político de Rodríguez, su figura quedaría relegada a un papel testimonial, sin autoridad real sobre las fuerzas de seguridad.
Además de la iniciativa de Coalició per Mallorca, Sumar-Més y ERC también han presentado sus propias peticiones. El diputado Vicenç Vidal ha solicitado formalmente la comparecencia en comisión de Marlaska y Rodríguez, y exige la dimisión de este último tras un operativo que se saldó con varios heridos —entre ellos el fotoperiodista Xavi Hurtado— y un detenido.
El foco político se centra ahora en Interior: las formaciones exigen aclarar si se vulneraron los protocolos de proporcionalidad y qué expedientes disciplinarios se han abierto tras los hechos del 26-J. La respuesta del ministerio se espera en las próximas semanas, mientras la presión sobre Marlaska y Rodríguez no cesa.
Para los vecinos de Palma, el debate trasciende lo político: la masificación turística y la gestión de las protestas afectan directamente a la vida cotidiana en la ciudad. La exigencia de transparencia sobre el uso de la fuerza en el centro urbano busca garantizar que futuras movilizaciones se desarrollen sin incidentes graves.
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