La Policía Nacional ha arrestado a tres dueños de una empresa en Palma acusados de explotar a empleados latinoamericanos en situación irregular, a los que amenazaban y vigilaban con GPS.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a tres empresarios, propietarios de una misma compañía, por someter a sus trabajadores sudamericanos sin papeles a un régimen de explotación laboral, con menosprecios constantes y graves amenazas. «Si tú no quieres hay mucho negro que quiere trabajar con nosotros», llegaron a decir a las víctimas, según la investigación.
La trama empezó a destaparse el pasado mes de junio, cuando un empleado denunció la situación tras estar de baja por un accidente laboral. En lugar de respetar su recuperación, los dueños iniciaron una campaña de coacciones para obligarle a volver al trabajo.
El acoso llegó hasta el punto de que el principal investigado envió a un amigo a vigilar y grabar al trabajador en su propia casa. Además, los agentes descubrieron que habían ocultado un dispositivo GPS de seguimiento en el vehículo particular de la víctima.
La investigación, llevada a cabo por la UCRIF 1 junto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sacó a la luz una doble vara de medir. Aunque la empresa tenía una veintena de empleados contratados legalmente, con vacaciones y finiquito, mantenía a un grupo en la sombra formado principalmente por latinoamericanos sin regularizar.
A estos últimos les obligaban a realizar tareas de alto riesgo sin formación ni medidas de seguridad, como levantar grandes pesos de forma manual. También les forzaban a conducir vehículos sin permiso válido en España, bajo la amenaza directa de despido.
La falta de escrúpulos se extendía también al medio ambiente: los residuos de su actividad, incluidos productos químicos, se arrojaban sin control en contenedores de la vía pública.
Tras recoger testimonios y realizar tres inspecciones policiales en la sede de la empresa, donde identificaron a siete empleados, tres de ellos sin regularizar, se procedió a la detención de los tres responsables. Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular y delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.
La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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