La Audiencia de Palma juzga a un empresario de la construcción y a su pareja por un presunto fraude de más de medio millón de euros a la Seguridad Social. La fiscalía pide cuatro años de prisión para cada uno y una multa de 1,7 millones.
Un constructor de Mallorca y su pareja se enfrentan a un juicio en la Audiencia de Palma por un presunto fraude masivo a la Seguridad Social. La fiscalía sostiene que, entre 2018 y 2021, idearon un entramado de empresas para eludir el pago de las cuotas de cotización de sus trabajadores, generando una deuda de 599.083 euros. Para cada uno, el ministerio público solicita cuatro años de cárcel, una multa de 1,7 millones de euros y la inhabilitación para el sector de la construcción durante cuatro años.
El entramado societario: tres empresas para esquivar la deuda
Según la acusación, el empresario, de 44 años, y su pareja, de 43, pusieron en marcha un plan cuando la primera de sus sociedades, José Luis Baleares SL, empezó a acumular deudas con la Seguridad Social. En lugar de liquidarla formalmente, cesaron su actividad y crearon nuevas mercantiles para continuar operando. De esta forma, las nuevas empresas podían obtener certificados negativos de deuda y funcionar con normalidad, mientras la deuda de la sociedad anterior quedaba sin cobrar.
El entramado contaba con varias sedes formales, tanto en Calvià como en Palma, para aparentar que eran empresas independientes. Sin embargo, todas operaban desde la misma oficina, compartían clientela, proveedores, medios materiales y, sobre todo, a los mismos trabajadores. La primera sociedad llegó a tener 92 empleados afiliados antes de darla de baja en mayo de 2019.
El modus operandi: cambiar de sociedad, mantener el negocio
La fiscalía detalla que, tras crear la primera empresa en 2013, esta comenzó a generar deudas en 2018. Entonces, la pareja creó nuevas sociedades para seguir operando sin la losa de la deuda. De esta manera, los trabajadores pasaban de una empresa a otra, pero las cuotas de la Seguridad Social de la primera nunca se pagaron. El fiscal considera que este sistema constituye un delito contra la Seguridad Social, ya que se trataba de una misma actividad económica encubierta bajo distintas personalidades jurídicas.
La deuda total reclamada, 599.083 euros, incluye los recargos e intereses generados desde 2018. La acusación pide que ambos indemnicen a la Tesorería General de la Seguridad Social con esa cantidad. Además, solicita que pierdan el derecho a subvenciones y beneficios fiscales durante seis años, y que sean inhabilitados para cualquier profesión relacionada con la construcción por cuatro años.
Impacto local: un fraude que afecta a los trabajadores de la isla
Este caso pone de relieve una práctica que, según fuentes sindicales, no es infrecuente en el sector de la construcción balear. El impago de cotizaciones deja a los empleados sin cobertura de la Seguridad Social, afectando a sus prestaciones por desempleo, bajas laborales y futuras pensiones. En este caso, los 92 trabajadores de la primera sociedad se vieron perjudicados por el impago de sus cuotas, aunque la investigación no ha detallado si todos ellos pudieron regularizar su situación.
El juicio, que se celebra en la Audiencia de Palma, se prevé que dure varios días. La pareja se enfrenta a penas que, de ser condenados, podrían suponer su ingreso en prisión. El tribunal deberá determinar si el entramado societario fue un simple fraude o una estrategia deliberada para eludir obligaciones laborales.
Para el vecino de la isla, este caso es un recordatorio de la importancia de que las empresas cumplan con sus obligaciones. La Seguridad Social ha intensificado en los últimos años los controles para detectar este tipo de prácticas, especialmente en sectores como la construcción, donde la temporalidad y la subcontratación son habituales. La resolución de este juicio podría sentar un precedente en la lucha contra el fraude laboral en Mallorca.
¿Qué penas pide la fiscalía para el constructor y su pareja?
La fiscalía solicita cuatro años de prisión, una multa de 1,7 millones de euros y la inhabilitación para el sector de la construcción durante cuatro años para cada uno.
¿Cuánto dinero defraudaron a la Seguridad Social?
La deuda total asciende a 599.083 euros, incluyendo recargos e intereses, correspondiente al impago de cuotas de cotización de los trabajadores entre 2018 y 2021.
¿Cómo funcionaba el entramado de empresas?
Creaban nuevas sociedades cuando una acumulaba deudas, pero todas operaban desde la misma oficina y compartían trabajadores, clientes y proveedores, aparentando ser empresas independientes.
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