PSIB, MÉS, Llibertat Llucmajor y s'Ull han registrado una propuesta conjunta para que el equipo de gobierno declare la situación de grave riesgo para la salubridad pública y contrate un servicio extraordinario de recogida de residuos.
Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Llucmajor han unido fuerzas para exigir al equipo de gobierno que lidere la alcaldesa, Xisca Lascolas, la puesta en marcha de un plan de choque de emergencia ante el riesgo sanitario que, según denuncian, genera la acumulación de basura en las zonas de s'Arenal y Urbanitzacions.
La iniciativa, firmada por el PSIB, MÉS, Llibertat Llucmajor y s'Ull, se presentó este miércoles en la comisión informativa previa al pleno ordinario que se celebrará la próxima semana. Los partidos reclaman que se restablezca un servicio mínimo de recogida de residuos ante lo que califican como un "caos" provocado por un sistema "deficiente" implantado hace años y que, aseguran, se ha agravado por la suciedad acumulada en la actualidad.
En un comunicado conjunto, los cuatro grupos instan a la alcaldesa a declarar formalmente la existencia de una situación de "grave riesgo para la salubridad pública" y a activar la tramitación de emergencia prevista en la ley de contratos del sector público. El objetivo es contratar de manera inmediata un servicio extraordinario de refuerzo que incorpore los medios personales y materiales necesarios para eliminar la acumulación de residuos.
Este servicio extraordinario, según exigen los partidos, debería mantenerse operativo hasta que entre en funcionamiento el nuevo contrato de recogida de residuos, cuyo proceso de adjudicación aún no ha concluido. La oposición también pide que, en un plazo máximo de dos meses, el equipo de gobierno comparezca en el pleno para dar cuenta de las medidas adoptadas.
La acumulación persistente de residuos en s'Arenal y Urbanitzacions, según denuncian los grupos, ha generado un "deterioro evidente de la salubridad pública, del medio ambiente urbano y de la imagen" del municipio. Los vecinos sufren malos olores, insectos, roedores y otros vectores que suponen un riesgo claro para la salud pública.
Aunque la oposición sitúa el inicio de los problemas en 2015, alerta de que la situación se intensificó de manera acusada en 2024, coincidiendo con la finalización del contrato con la empresa concesionaria FCC Medio Ambiente. Desde entonces, el servicio se ha prolongado mediante una orden de continuidad que, a juicio de los partidos, "no garantiza la prestación adecuada de un servicio esencial".
El procedimiento para adjudicar el nuevo contrato todavía no ha concluido y, según los términos administrativos, difícilmente entrará en vigor antes de un año. Para la oposición, es "inadmisible" que esta circunstancia sirva de justificación para mantener durante meses una situación de insalubridad generalizada.
Los vecinos de las zonas afectadas llevan meses quejándose de la suciedad en calles y contenedores, así como de la presencia de plagas. La oposición considera que el equipo de gobierno debe actuar con urgencia para evitar un problema de salud pública mayor. El pleno de la próxima semana debatirá la propuesta, y los grupos esperan que la alcaldesa atienda su petición.
Mientras tanto, los residentes de s'Arenal y Urbanitzacions continúan soportando una situación que, según los partidos, es "insostenible". La declaración de emergencia permitiría agilizar la contratación de un servicio de limpieza extraordinario que podría paliar los efectos de la acumulación de basura hasta que se resuelva el nuevo contrato de recogida.
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