La mujer que ocupa desde 2022 una vivienda en Son Ferrer ha presentado un escrito judicial oponiéndose al lanzamiento, tras una sentencia que le niega el derecho a permanecer en el inmueble.
La mujer que ocupa desde 2022 una vivienda en la urbanización de Son Ferrer, en Calvià, ha dado un nuevo paso en el pulso judicial que mantiene con el propietario legal del inmueble. A través de un escrito presentado en el juzgado, la okupa ha mostrado su oposición a la solicitud de lanzamiento que el dueño, José Jiménez, presentó tras obtener una sentencia favorable.
El fallo, dictado por un juzgado de Palma, concluyó que la ocupante «no tiene derecho a permanecer en el inmueble objeto de este procedimiento». Sin embargo, la defensa de la mujer, ejercida por la letrada Sara Gómez, considera que la petición de desalojo es «manifiestamente prematura, improcedente y contraria a la normativa actualmente vigente».
La situación ha generado una gran indignación entre los vecinos de Son Ferrer, que conocen al afectado y su largo periplo legal para recuperar su propiedad. José Jiménez adquirió la vivienda en una subasta en 2024, pero desde entonces no ha podido tomar posesión de ella debido a la ocupación.
La okupa, que reside en la casa con su hija menor, alega una situación de «vulnerabilidad residencial» para justificar su permanencia. En el escrito, su defensa sostiene que «la vivienda objeto del procedimiento constituye la residencia habitual y permanente de la unidad familiar» y que carecen de ingresos suficientes para acceder a otra vivienda en el mercado.
Además, la defensa argumenta que la ocupación no fue ilegal en su origen, ya que la mujer «accedió en su día a la vivienda con la autorización del entonces propietario», mediando una relación arrendaticia. La sentencia del juzgado de lo Civil, no obstante, pone en duda esta versión y señala que los documentos aportados no son suficientes para justificar la ocupación.
El propietario, por su parte, ha intentado desmontar los argumentos de la okupa aportando pruebas de un detective privado y evidencias de sus redes sociales, que la vinculan profesionalmente con el sector inmobiliario. Estas pruebas buscan demostrar que la situación de vulnerabilidad no es tal.
La okupa solicita al tribunal que «acuerde no señalar ni practicar el lanzamiento mientras no se resuelva expresamente la situación de vulnerabilidad de la unidad familiar». También pide que se reconozca dicha vulnerabilidad, lo que paralizaría cualquier intento de desalojo.
El caso ha puesto de manifiesto la complejidad de los procesos de okupación en Mallorca, donde los propietarios legales a menudo se enfrentan a largos procedimientos judiciales para recuperar sus viviendas. En este caso, el dueño lleva meses lidiando con la Justicia para hacer valer su derecho de propiedad.
Los vecinos de Son Ferrer han mostrado su apoyo a José Jiménez, a quien consideran víctima de una situación injusta. Algunos residentes han expresado su malestar por la actitud desafiante de la okupa, que en ocasiones ha llegado a proponer al propietario pagarle 30.000 euros a cambio de abandonar la vivienda.
El siguiente paso en el proceso será la resolución del juzgado sobre la solicitud de lanzamiento. Si se admite, se fijará una fecha para el desalojo, aunque la okupa aún puede recurrir. Mientras tanto, la vivienda sigue ocupada y el propietario continúa sin poder disfrutar de su propiedad.
Este caso refleja las dificultades que enfrentan los propietarios en Mallorca ante la okupación, un fenómeno que ha llevado a muchos a pedir una reforma legal que agilice los desalojos y proteja el derecho a la propiedad.
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