La Audiencia de Palma ha absuelto a un hotelero neerlandés de 66 años de un delito societario y otro de apropiación indebida. El tribunal considera que no se ha acreditado que falseara las cuentas de la empresa que gestionaba con su exmujer en un hotel rural de Sóller.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a un empresario hotelero de origen neerlandés de 66 años, sin antecedentes penales, de los delitos societario y de apropiación indebida que le imputaban la Fiscalía y la acusación particular. Los hechos se remontan a un ajuste contable de 62.500 euros realizado el 30 de diciembre de 2016 en la sociedad que gestionaba un conocido hotel rural a las afueras de Sóller, en plena Serra de Tramuntana, y de la que eran socios el acusado y su exmujer.
El tribunal concluye que no ha quedado probado que el apunte contable fuera falso, sino que responde a una disposición dineraria de la mercantil sobre la que ambos excónyuges tienen una interpretación distinta. “Existe controversia entre los socios”, señala la sentencia, que añade que “ello no significa que el apunte contable sea falso” y que la discrepancia debe resolverse en la vía civil, no penal.
La mujer sostenía que el préstamo de 62.500 euros, que incrementó su deuda con la empresa hasta los 121.500 euros, era para ambos socios. El acusado, en cambio, afirmó que se trató de un préstamo unilateral de ella. La Sala subraya que “la propia controversia existente sobre la causa que ha dado lugar al apunte contable impide calificar este como falso”, por lo que falta el elemento objetivo del delito de falsedad contable.
Respecto al delito de apropiación indebida, la Audiencia considera que “no ha habido apropiación alguna” por parte del encausado. La Fiscalía había solicitado tres años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de doce euros, así como una indemnización de 62.500 euros en concepto de responsabilidad civil. La acusación particular también pedía condena, pero el tribunal ha exonerado al empresario al entender que la prueba de cargo no fue suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia.
El acusado fue nombrado liquidador de la sociedad, aunque aún no había aceptado notarialmente el cargo cuando realizó el ajuste contable. La sentencia, que aún no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), ordena el alzamiento de las medidas cautelares que hubieran recaído sobre el hotelero o la empresa.
El caso ha tenido repercusión en el sector turístico de la comarca de Ponent, donde el hotel rural es un referente. Para los vecinos de Sóller y de la Serra de Tramuntana, la resolución judicial pone fin a un proceso que se ha alargado casi una década, desde las extracciones de dinero que la exmujer realizó el 29 de septiembre de 2014 y que dieron origen al ajuste contable de 2016.
La sentencia deja claro que la controversia entre los socios sobre el balance y la liquidación deberá resolverse conforme a la Ley de Sociedades de Capital, pero no en sede penal. Mientras tanto, el empresario queda libre de toda acusación y podrá continuar con su actividad profesional sin las restricciones que suponían las medidas cautelares.
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