Un vigilante de seguridad de 52 años ha sido condenado a 21 meses de prisión por robar 4.495 euros en 29 ocasiones de un furgón blindado en Palma. El acusado reconoció los hechos y aceptó un acuerdo que suspende la pena.
Un vigilante de seguridad de 52 años ha sido condenado a 21 meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida tras robar 4.495 euros en 29 ocasiones de un furgón blindado en Palma. El acusado, que trabajaba para una empresa de seguridad, reconoció los hechos durante el juicio celebrado ayer en un juzgado de lo penal de la capital balear.
La condena, fruto de un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la defensa y la empresa afectada, queda suspendida durante tres años siempre que el condenado no cometa nuevos delitos y devuelva el dinero sustraído. La magistrada dictó sentencia en el acto y el fallo ya es firme.
Un modus operandi repetido 29 veces
Los robos se sucedieron entre el 7 de abril y el 27 de junio de 2025. El vigilante, que tenía acceso a las llaves de las sacas de dinero, aprovechaba los momentos en que se quedaba solo en el interior del furgón blindado para extraer billetes. Según su propia confesión, se apropió de cantidades que oscilaban entre 50 y 495 euros cada vez, hasta alcanzar un botín total de 4.495 euros.
La empresa de seguridad detectó la desaparición del dinero y presentó una denuncia ante la Policía Nacional, aportando grabaciones de las cámaras de seguridad. Los investigadores realizaron diversas diligencias y finalmente arrestaron al trabajador el 29 de julio de 2025.
Acuerdo de conformidad y suspensión de la pena
La Fiscalía imputó al empleado un delito continuado de apropiación indebida y solicitó inicialmente una condena de dos años y medio de prisión, además de la devolución del dinero. Sin embargo, las partes alcanzaron un acuerdo antes de la vista, que rebajó la pena a 21 meses de prisión e incluyó la suspensión de la ejecución de la pena.
El acuerdo fue posible gracias a la colaboración del abogado del acusado, Álvaro Martín Olmos, y el letrado de la empresa. La magistrada aprobó el pacto y dictó sentencia en el acto, que ya es firme. El condenado deberá devolver los 4.495 euros a la empresa de seguridad como condición para mantener la suspensión de la pena.
Para los vecinos de Palma, este caso pone de relieve la importancia de los controles internos en las empresas de transporte de fondos. Aunque el botín no es elevado, la reiteración de los robos durante casi tres meses evidencia una falta de supervisión que la compañía ya ha corregido, según fuentes cercanas al caso. Los ciudadanos pueden estar tranquilos: los sistemas de seguridad en los furgones blindados se han reforzado.
El condenado, que no tenía antecedentes, evitó la entrada en prisión gracias al acuerdo. Ahora deberá cumplir con la condición de no delinquir durante tres años y devolver el dinero. Si lo hace, la condena quedará extinguida.
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