Una bebé de seis meses murió en Cochabamba tras ser comprada por 19 euros a su madre indígena para mendicidad. Dos detenidos y cuatro menores rescatados.
Una bebé de seis meses falleció en un hospital de Cochabamba, Bolivia, después de haber sido vendida por su madre indígena ayorea por 150 bolivianos (unos 19 euros) y la promesa de 50 bolivianos mensuales (6,30 euros) para ser explotada en la mendicidad. El caso ha destapado una red de trata y tráfico de personas con fines de explotación infantil.
Investigación por homicidio y trata
El Ministerio Público boliviano investiga los delitos de homicidio y trata de personas. Dos personas permanecen detenidas a la espera de una audiencia cautelar: Elías M. Ch., de 18 años, y Marisabel W. D., de 32 años, quienes aseguraron ser familiares de la menor.
Sin embargo, la Policía descubrió que la niña había sido trasladada desde Puerto Suárez (Santa Cruz) por personas que no eran sus progenitores. La directora de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Cynthia Prado, explicó que la bebé llegó acompañada por personas ajenas a su familia.
Rescate de cuatro menores
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizaron una operación en Cochabamba y rescataron a cuatro menores, dos de 13 años y dos de 9 años, que también eran utilizados para pedir limosna en las calles.
La Policía presume que la bebé falleció por una neumonía, aunque la autopsia del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinará oficialmente la causa de la muerte. El caso ha conmocionado a la sociedad boliviana y ha puesto el foco en la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.
Para el lector de Mallorca, esta noticia recuerda la importancia de la cooperación internacional contra la trata, un delito que también afecta a España. Organizaciones como APRAMP advierten de que la explotación infantil no conoce fronteras y que la concienciación es clave para prevenir estos abusos.
La investigación continúa y se espera que en los próximos días se determinen las responsabilidades penales. Mientras tanto, los menores rescatados han sido puestos bajo la protección del Estado.
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